7.8.16

La Cordillera de los Antes y los héroes de la mano de yeso



1a. quincena, agosto 2016



Un colega trasandino me solicitó, en la inminencia de una actividad académica en la Universidad de Playa Ancha (Valparaíso), información con vistas a la difusión en aquel país de la situación universitaria en el Uruguay. El momento no puede ser más propicio, ya que el punto crítico de la votación de esta Rendición de Cuentas (actualización anual del presupuesto nacional) ha sido la educación y particularmente la cuestión universitaria. Esta situación contrasta con la del precedente año 2015, cuando por estas fechas se discutía el Presupuesto Nacional para el período de gobierno en curso (2015-2019). En aquel momento me encontraba también allende la Cordillera de los Andes, participando en Santiago de un Seminario Internacional sobre Privatización de la Enseñanza Pública. Durante ese seminario se anunció que el presidente Vázquez había decretado la esencialidad (coerción laboral bajo sanción penal) de la educación primaria y secundaria en el Uruguay, ante la ingente movilización del magisterio y del profesorado que temían, como terminó por suceder, la reiteración de las políticas educativas -no exclusivamente presupuestales- llevadas adelante por el precedente gobierno de Mujica.

Aunque en el correr del presente año la polémica se focalizó sobre la Universidad de la República, el debate mediático cundió en torno a las exoneraciones impositivas con que se benefician las donaciones empresariales a las universidades privadas, a raíz de la propuesta de eliminar ese financiamiento indirecto presentada por la diputada Macarena Gelman. La opinión pública no se movilizó, paradójicamente, como efecto del debate acerca de la situación, las perspectivas y la significación de la universidad pública, sino por el contrario, como reacción ante una quita al financiamiento indirecto por el Estado de las universidades privadas (las empresas ven exonerados sus gravámenes impositivos en un 83%).1

Podría suponerse que tal como ocurrió desde los años 90', también en esta coyuntura presupuestal de la educación la derecha neoliberal ganaría todas las discusiones y perdería todas las elecciones, pero este no fue el caso. Aunque la prensa de derecha (que como en toda Latinoamérica al presente, es lo medular de la derecha) dirigiera todas sus baterías contra el “perjuicio a la libertad de educación” e incluso “la discriminación contra los modestos estudiantes becados por las universidades privadas”, la esmirriada prensa de izquierda, los portales de noticias menos involucrados partidariamente y finalmente las redes sociales hicieron pesar los argumentos propios de la educación pública: no discrimina por clientela y es libre académicamente, no forma empresarios sino universitarios.

La significación de este debate es menos ideológica de lo que parece en primera instancia, porque aunque se juegan posiciones públicas, la amplitud y el peso de la cuestión del financiamiento de la educación privada (a expensas de la pública) en el debate sobre la misma educación pública, subraya el lugar que ocupa la educación en la arquitectura social del Uruguay. La irradiación social de la educación nunca es neutra con relación a la condición pública, en cuanto oficia como matriz histórica de la secularización, proporciona la clave que desarticula el fundamento teológico de la soberanía y consolida el efecto en retorno de la soberanía estatal hacia el pueblo.

Esta significación medular para la democracia moderna se encuentra sobredimensionada, en un país como el Uruguay, por la ausencia de escalas de mercado que liberen al tenue capital nacional de la férula estatal, al tiempo que provee, ante la presión de un vecindario regional poderoso, la cohesión de creencias suficiente para resistir la desagregación por influjos fronterizos. De ahí que la educación uruguaya se articule, aún más verticalmente que en la mayor parte de los contextos modernos, con la reproducción ideológica y la orientación política. ¿Cómo podría ser de otro modo en un país pautado por una magra pertenencia religiosa de la población y una significativa hegemonía del sistema de partidos sobre el devenir institucional?

Elegir la educación es elegir un lugar en la sociedad, todo lugar social puede encontrarse, en el Uruguay, fuertemente condicionado por la orientación ideológica y política de la educación. Este ámbito requerido y estratégico a la vez en razón de la problemática nacional, corresponde a un eje que se asocia a la tradición universal de la educación pública. De ahí que las universidades privadas dependan del financiamiento público y que incluso el liderazgo partidario de la derecha conservadora promueva la “integración y cooperación” entre la educación pública y la privada: no forman parte en efecto, en el marco histórico de la educación nacional, sino de una misma configuración social amenazada por las escalas de acumulación económica de la región y vinculadas por una tradición ideológica laica.

Esta significación política de la educación en el Uruguay nos explica, si se vuelve sobre el plano coyuntural del análisis, que el debate público sobre el financiamiento de la educación se haya centrado sobre la quita parcial de los beneficios que reciben las instituciones privadas y no sobre los cometidos propios de la universidad pública. Se trata, en efecto, de una ofensiva en favor de la educación pública fuertemente resistida por sectores vinculados institucional e ideológicamente a la universidades privadas. Esto conllevó la defensa de la educación pública en el escenario parlamentario donde se dirimía la asignación presupuestal. En particular centró los focos de la atención mediática sobre Macarena Gelman, joven diputada del Frente Amplio que recibió sobre su persona, como lo reseñó con acierto Soledad Platero, toda suerte de invectivas, cargadas ante todo de un desprecio social que proviene del más ramplón narcisismo económico.2

La interpretación inmediata de la iniciativa de la joven diputada supondría que corresponde a un posicionamiento de su sector partidario dentro del Frente Amplio. Esta interpretación se encuentra en contradicción con el apoyo que el mismo sector ha dado a la candidatura a la presidencia del Frente Amplio de Alejandro Sánchez, suficientemente investido por José Mujica incluso antes de haberse sufragado a su favor, como para emprender gestiones destinadas a disuadir la actitud rebelde de un sector de los diputados frenteamplistas.3 Cuatro diputados -que no pertenecen al sector de Macarena Gelman- se negaban en efecto, a votar los recortes a todo incremento para la educación pública propuestos por el Poder Ejecutivo, renuencia que amenazaba con privar a la norma presupuestal de la mayoría requerida en la votación parlamentaria (finalmente en Diputados se votó a favor de 860 millones de pesos contra la quita de 1500 propuesta por el gobierno).

El apoyo que el sector de Macarena Gelman (Ir) dió a Alejandro Sánchez en su postulación a la presidencia del Frente Amplio se sustentó en “razones generacionales”, o sea, en la emergencia de un sector de jóvenes frenteamplistas que renovarían la impronta política de ese frente partidario.4 Marcelo Pereira sostiene desde las páginas de La Diaria, órgano que dirige, una perspectiva análoga, en cuanto argumenta que la posterior victoria de Javier Miranda sobre Alejandro Sánchez en los comicios internos del Frente Amplio trasunta la movilización de un electorado ajeno a los aparatos partidarios. Este electorado traduciría un estado de ánimo diferente entre los militantes de la coalición, pero además, señalaría el fin de la hegemonía de los partidos y sectores organizados. Aunque el director de La Diaria no lo afirma sin ambages, puede inferirse de su comentario que prevé la consiguiente configuración de un movimiento genéricamente vinculado al frenteamplismo como tal.

El proceso movimentista en el Frente Amplio es posterior a la dictadura (antes la denominación de “independientes” identificaba mayoritariamente a partidarios solapados de la guerrilla) y se vincula a una distancia creciente con los aparatos partidarios. Se trata de un proceso universal que marca el alejamiento creciente de la militancia respecto a los aparatos de Estado, como consecuencia indirecta de la socialización mediática y la consiguiente desafectación de la índole presencial de las estructuras institucionales. Se genera una tensión entre movimientos y redes por un lado y aparatos partidarios por el otro, que refleja de forma privilegiada el ocaso de la política electoralista, como lo comenta oportunamente Rancière respecto al actual movimiento contra la Ley del Trabajo en Francia.5

Si a ese proceso universal le sumamos la vertical caída del electorado en los comicios internos del Frente Amplio (primero pasó de 220.000 votantes a 170.000 y en esta tercera elección cayó a 92.500), el proceso no parece indicar una radicalización, sino por el contrario una liquefacción simultánea de las estructuras partidarias y de los sectores movimentistas dentro de los partidos. Esta es la conclusión a la que apunta la encuesta de opinión desarrolla por Bottinelli, quien destaca una significativa observación social: los que abandonan el Frente Amplio son los militantes de la primera hora y los hijos de hogares frenteamplistas.6 Esta tendencia confirmaría que lejos de la percepción que desarrolla Pereira de un “movimiento transversal”, por el cual “algo está cambiando en el Frente Amplio”, lo que sucede es que sectores más tibios ideológicamente y capturados por un compromiso ante todo institucional, en el que se identifica de forma ingenua lo público con lo partidario, encuentran un espacio tan oportuno como oportunista dentro del Frente Amplio. Esta tendencia lejos de confirmar el sueño de una “proliferación de la generación del 83'” -que identificó en aquel momento a los movimentos sociales con el Frente Amplio, está marcando el ascenso de un frentamplismo movimentista sí, pero más en el sentido del “sociolismo” que en el del socialismo. La victoria de Javier Miranda, apoyado por el sector más conservador del Frente Amplio -en particular el Frente Líber Seregni, con el que tiene desde ya una deuda de candidatura, parece representar más un movimiento de edulcoración estatista del frentismo que un movimiento vinculado a una energía movimentista de las bases.

En vez de encontrarse, como el viajero que se dirige a Chile desde la llanura argentina, con la abrupta mole de la Cordillera de los Andes, quien busque explicar la radicalización del debate sobre la educación pública por el proceso interno al Frente Amplio, se encontrará ante una inmensa Cordillera de los Antes. ¿Será necesario recordar las invectivas contra las maestras, los profesores y los universitarios por parte de Mujica? ¿No es Alejandro Sánchez una figura promovida por el propio Mujica, como lo fue en su momento el ahora descartable ex-canciller Almagro? ¿O será necesario recordar el apaleamiento y la posterior criminalización mediática de los estudiantes que ocupaban el Codicen a fines del año pasado? ¿Alguien olvidó que la actual ministra de educación consideró a un frentamplista -incluso ex-miembro de su propia cartera ministerial- que osó cuestionarla como “apenas un maestro de 6o año de escuela resentido”? ¿Y el “Plan Ceibal”, que iba a aportar una “revolución pedagógica” y terminó siendo tan importante, según su principal protagonista, como “contar con agua corriente” en los edificios escolares?

Quizás la partidocracia imperante e infusa en el Uruguay dificulta la percepción del dinamismo que cunde en favor de la educación pública, incluso a través de la propuesta que sostuvo Macarena Gelman y votaron sus compañeros de bancada, en cuanto proviene ante todo de los protagonistas del propio proceso educativo. Se repite al presente, por parte de los funcionarios de la Universidad de la República, un gesto que desde 2013 puso en vilo y escandalizó a la moral partidocrática uruguaya: la propuesta de denunciar públicamente a los diputados frenteamplistas que votaran este presupuesto para la educación tal como lo propuso el gobierno.7 La denuncia consitió, en aquel entonces, en proponer que los diputados y senadores perciban el mismo salario que los educadores, acompañada de la publicación de las respectivas escalas de salarios. Mientras la movilización del profesorado de secundaria se mantiene en los mismos términos, la asociación de docentes de la Universidad de la República anunció que una vez llevada la situación al límite y contra su designio, entraría en huelga, declaración que por lo moderado no deja de contrastar con la anterior desmovilización ideológica del mismo sector, ante los que muchos consideraban aún “un gobierno de compañeros”.

También el movimiento de la educación pública ha encontrado una conducción, quizás allí donde muchos no lo esperaban (quien redacta estas líneas tampoco, corrresponde decirlo). Una vez asumido el rectorado de la Universidad de la República a mediados de 2014, Roberto Markarián cuestionó sucesivamente el “Sistema Nacional de Competitividad” (es decir, la integración de la universidad en el empresismo mercadocrático),8 el Plan Google-Ceibal (es decir, la entrega del acerbo informativo de la educación nacional a una empresa privada)9 y las presiones políticas sobre los miembros universitarios de la Comisión del Patrimonio (para que adoptaran resoluciones de contenido religioso).10 Quizás a ese perfil autónomo se debe que la universidad se haya visto retirar, por el Ministerio de Economía, todos los incrementos previstos para 2017, que ahora el Parlamento parece optar por restituirle parcialmente (el Senado aún no se pronunció). Quizás también esta quita fallida haya sido bien estigmatizada por el rector Markarián cuando se refirió a esa actitud considerándola de “pequeñez”.11

Para leer los efectos en el gobierno y en el partido que lo apoya en el parlamento, quizás convenga considerar cierto arrojo del contragobierno que proviene de “obreros y estudiantes unidos y adelante”, antes que votaciones parlamentarias protagonizadas por héroes de la mano de yeso.



1Cuestión de pesos” Montevideo Portal (01/08/16) http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?316009
2Platero, S. “Los resentidos de siempre” La Diaria (05/08/16) http://ladiaria.com.uy/articulo/2016/8/los-resentidos-de-siempre/
3Gobierno y el FA buscan deshacer el “enredo” de la Rendición” El Observador (29/07/16) http://www.elobservador.com.uy/gobierno-y-el-fa-buscan-deshacer-el-enredo-la-rendicion-n948111
4Lugar para todos” La Diaria (12/04/16) http://ladiaria.com.uy/articulo/2016/4/lugar-para-todos/
5“Entrevista a Jacques Rancière realizada por Joseph Confraveux” Boletín No 9 de Universidades en Cyberdemocracia, http://entre-dos.org/node/169
6Bottinelli: Novick sociológicamente es un partido político” El Observador (01/08/16) http://www.elobservadortv.uy/video/8823601-bottinelli-novick-sociologicamente-es-un-partido-politico
7Trabajadores de UdelaR se suman a los paros y las ocupaciones” El Observador (29/07/16) http://www.elobservador.com.uy/trabajadores-la-udelar-se-suman-los-paros-y-las-ocupaciones-n948329
8Objeto de estudio” La Diaria (13/04/16) http://ladiaria.com.uy/articulo/2016/4/objeto-de-estudio/
10Pittaluga, J. “Renuncian tres integrantes de la Comisión del Patrimonio tras una “sesión caliente” por instalación de la Virgen en la Rambla” Búsqueda (17-30/03/16) http://www.busqueda.com.uy/nota/renuncian-tres-integrantes-de-la-comision-de-patrimonio-tras-una-sesion-caliente-por
11Markarián apunto al gobierno: recorte es “actitud de pequeñez” El Observador (09/07/16) http://www.elobservador.com.uy/markarian-apunto-al-gobierno-recorte-es-actitud-pequenez-n938828

20.7.16

Gobierno contra gobierno = Contragobierno


2a quincena, julio 2016



Habitualmente, la mera mención de la palabra “contragobierno” suscita reacciones escépticas. El motivo de la escasa confianza en la perspectiva que evoca el término, proviene de la suma de desdichas que ha aquejado históricamente a toda rebelión que se presente opuesta al ejercicio del poder. A esa desesperanza tradicional se suma la acumulación de recuperaciones, simbólicas ante todo, de “procesos revolucionarios”, cuando no de “ex-guerrilleros”, que mientras evocan las sevicias que les infligieron sus cancerberos,1 convocan al lucro empresarial en beneficio de todos (“unos muchos y otros nada y eso no es casualidad”,2 dice la canción militante, soliviantando el ánimo colectivo).

No deja de aportar una nota crítica a tanto escepticismo hacia el contragobierno, el apoyo de dos de los partidos (Partido Comunista y Partido por la Victoria del Pueblo) que integran la coalición gubernamental (Encuentro Progresista) al paro general contra el proyecto de Rendición de Cuentas (ajuste anual del Presupuesto Nacional).3 La perspectiva del contragobierno encuentra en esa fisura gubernamental la propia formalización que muchos subversivos4 buscan con ahínco bajo forma de predicción universal. En cuanto el gobierno se escinde en una versión oficial y una versión opositora, se vuelve contra sí mismo y manifiesta el contragobierno como lo propio al gobierno.

La cuestión que zanja la escisión del gobierno en sí mismo y su propio contragobierno, corresponde a cierta condición una e indivisa de la soberanía que ejerce todo gobierno, en cuanto para permanecer a la misma vez indivisa y unitaria, tal soberanía debe encontrarse más allá de toda contradicción interna.

Entendido, en efecto, en tanto actividad que proviene de una base que se opone a un superior gobierno (un poder supremo), el contragobierno queda a la merced de todas las formas de vasallaje y recuperación, que tradicionalmente han forjado un mismo escepticisimo sobre el porvenir de las rebeliones. De la soberanía dice Derrida que se trata de un concepto “apenas secularizado”,5 en razón de la procedencia teológica que lo separa de la condición terrenal. El contragobierno que proviene del propio gobierno según la ecuación [ gobierno contra gobierno = Contragobierno ] anula, por consiguiente, la separación señorial propia de la soberanía, ya que un “gobierno en disputa”6 no es más soberano (en el sentido “uno e indiviso” que la secularización política hereda de la soberanía teológica) que un contradictor (eventualmente exterior o interior al mismo gobierno) en liza.

El lector podría pensar que tal gobierno no estaría, menos que otros, sujeto a la contradicción y que la soberanía nunca es una, sino en cuanto ficción simbólica, que desde siempre intentó colmatar la brecha que manifiestamente mantiene en vilo a la condición política. Debemos hacerle notar al dilecto lector que así criticara nuestra fundamentación matemática (es decir puramente formal) del contragobierno, que nos encontramos ante un gobierno fisurado en medio de la reinvidicación más acerba de la soberanía. No se trata de un gobierno que se diga a sí mismo “vox populi, vox Dei”, cuando incluso así se encontraría reconfortado en una voz “indivisible y unitaria”, sino ante un gobierno que dice haber sostenido por sí y ante sí la condición soberana.

En el discurso pronunciado el día de la celebración de la entidad estatal (la Jura de la Constitución), la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, hablando en nombre expreso   del gobierno,7 sostuvo que la misma entidad ejecutiva se había caracterizado por la defensa de la soberanía, con mención de la victoria obtenida en el juicio que emprendiera contra el Estado uruguayo la tabacalera Phillip Morris. A esa reivindicación de la soberanía quizás se vincule la elección de la misma ministra de Medio Ambiente para proferirla, cuando además en conferencia de prensa el titular del Poder Ejecutivo destacó pocos días antes, al anunciar la instalación de una 3a pastera sobre el Río Negro, la defensa de la soberanía del país “en todos los terrenos” que ha caracterizado su gestión gubernamental.8

Llama la atención ante esa declaración presidencial la dificultad que encuentra el mismo Poder Ejecutivo en defender la soberanía (es decir la indivisibilidad y unidad del gobierno) ante sí mismo. Dificultad que se acrecienta si se tiene en cuenta que todos los apoyos que tradicionalmente han sostenido la expresión política de la izquierda en nuestro país (el PIT-CNT, la FEUU, FUCVAM en representación del corporativismo y finalmente la ONAJPU por los jubilados) le hacen, pocos días antes de la misma manifestación ufana de la propia soberanía, un paro general que según las estimaciones rondó el millón de adherentes.

Quizás esta soberanía “para afuera”, lejos de ser contradictoria con el contragobierno “para adentro” sea su más firme expresión complementaria. Ello explicaría porqué las medidas restrictivas en la Rendición de Cuentas, con relación a la educación en particular, se sustentan en el criterio de “no perder el grado inversor”,9 que como sabe cada quién, no otorga ni siquiera un organismo público nacional o internacional, sino una consultora privada y por añadidura, extranjera.

Conviene recordar que los antecedentes que evoca Vázquez con relación a la defensa de las soberanía en “todos los terrenos” presentan algunas referencias contradictorias, como su apelación a Bush en aras de defender la soberanía uruguaya contra un gobierno “progresista” de la Argentina,10 o las calurosas felicitaciones que recibiera en visita personal del presidente de la multinacional Botnia, por la defensa de los intereses de esa empresa enfrentada a movimientos ambientalistas. Sin duda la confianza que ahora deposita UPM (sucesora de Botnia en el mismo emprendimiento productor de pasta de papel) en Vázquez y su gobierno no deja de plantear una confianza de pastera, si no de “papelera”, en la amistad del mismo Poder  Ejecutivo hacia la inversión transnacional.

Los “éxitos” que evoca Vázquez no dejan de recordar, por otro lado, el “salto al vacío” (mediático) de Mujica una vez que se encontró impugnado, hacia la mitad de su mandato, por los propios sectores sociales que constituían la base más emblemática y sólida de la izquierda política (los docentes de la educación pública y los funcionarios del Estado). Ante el crecimiento de la oposición dentro de la propia izquierda (contragobierno), aquel simpático “Pepe” giró hacia una tinellización de su ya por entonces prolífica actividad mediática, obteniendo múltiples “sucesos” de difusión en la prensa internacional. Con ese giro mediático Mujica logró compensar relativamente el descrédito interno, pero no evitó la catarsis de la militancia que afecta a los núcleos centrales del Frente Amplio, afirmación que tras el paro general del pasado 14 de julio no es menos demostrable que la toma de la Bastilla.

Quizás la similitud del devenir gubernamental entre Mujica y Vázquez obedece, pese a estilos y personalidades tan diferentes, a un régimen de disociación nacional que impone la globalización, en cuanto “no puede acumular sin excluir”:11 éxitos afuera, fracasos adentro. Desde que la acumulación transnacional obedece a dinámicas que necesariamente se oponen, por razones de escala mundial, a la integración nacional e incluso regional, determina forzosamente la exclusión en lo interno, tensando al máximo el contragobierno, no por fuera, sino por dentro de cada estructura comunitaria (gobierno incluido). La prueba el Mercosur ¿y la Unión Europea, “Brexit” mediante?

Quizás convendría desde ya inaugurar otra formalización: Soberanía contra soberanía = Contrasoberanía.



1Ver en este blog “Zabalza, los canallas y el tupamplismo” http://ricardoviscardi.blogspot.com.uy/2016/02/zabalzalos-canallas-y-el-tupamplismo-2a.html
3Paren hoy” La Diaria (14/07/16) http://ladiaria.com.uy/articulo/2016/7/paren-hoy/
4Según Sartre, la razón no puede no ser subversiva. Ver Viscardi, R. “Qué quiere decir “hablar “ en Sartre?” Ariel, No. 5 https://arielenlinea.files.wordpress.com/2010/07/sartre.pdf
5Derrida, J. (2001) L'université sans condition, Galilée, Paris, p.20.
6Expresión reivindicada sobre el presente del Frente Amplio por Esteban Valenti. Ver Valenti, E. “Yo no voto” Montevideo Portal (19/07/16) http://columnistas.montevideo.com.uy/uc_302209_1.html
7Acto de celebración del 186 aniversario de la Jura de la Constitución” Presidencia dela República (18/07/16) https://www.presidencia.gub.uy/sala-de-medios/videos/acto+de+conmemoracion+del+186+aniversario+de+la+jura+de+la+constitucion
8 “Nueva planta de UPM implicará una inversión de 5.000 millones de dólares” Portal TNU (15/07/16) http://www.portaltnu.com.uy/video.php?vid=2577 (ver el final, hacia el minuto 6:45)
9Noguez, M. Natalevich, M. “Gobierno discute recortes de gasto para no perder grado inversor” El Observador (15/05/16) http://www.elobservador.com.uy/gobierno-discute-recortes-gasto-no-perder-grado-inversor-n910852
11La acertada fórmula es de Raúl Zibechi

26.6.16

Denuncia, pánico mediático y criminalización de la protesta


2a quincena, junio 2016


I


Las muertes que sobrevinieron tras la represión en Oaxaca despertaron, junto con una multiplicada condena internacional, la inquietud por la reiteración de una justificación a posteriori de la masacre, que nuevamente rebate la responsabilidad sobre las víctimas.1 En este caso la imputación era por demás previsible: grupos de infiltrados habrían desencadenado el enfrentamiento con armas de fuego desde las filas de los activistas. La consabida justificación de los asesinatos (tantas veces empleada en el Uruguay  para presentar los asesinatos en manifestaciones callejeras como culpabilidad de las víctimas) queda, desde ya, registrada como “criminalización de la protesta” y no meramente como “provocación” o “intentos de amedrentar a las fuerzas populares”.

Un cambio en el registro de la coacción represiva lleva a identificarla con una imputación jurídica (“criminalización”) y por otro lado con una costumbre social genuina (“protesta”). La amplitud del escenario que abarca la dinámica de la dominación se eleva así por encima de la mera acción policial y encara la órbita jurídica, por un lado, mientras por el otro se hace tan cotidiana como un disgusto entre vecinos. ¿No protestamos, incluso, en familia?

Publicando en este blog el texto de una intervención dedicada a la “criminalización de la protesta”,2 señalaba hacia fines del año pasado que tal transformación de la regulación represiva tiene lugar también en el ámbito jurídico, que supuestamente debiera laudar con ecuanimidad, más allá de apreciables errores de apreciación. Tal puesta en cuestión de la ecuanimidad surgía, atestada por una investigación sobre la “influencia de los medios de comunicación en la justicia”,3 de la creciente gravitación de los estados por los que transita la opinión pública sobre el conjunto de los procedimientos jurídicos. Influjo que se reflejaba, a su vez, en el propio fallo dictado por un juez.

Aquella actualización de este blog revertía en su propio título (“Medios de dominación”) la óptica de la investigación que tomaba como antecedente, en cuanto hacía pie en un estudio que se refería a la influencia de los medios de comunicación en la justicia. Se sostenía por el contrario en “Medios de dominación”, que desde la progresión propia al proceso letrado en su forma tradicional (el juez estudia las actuaciones, falla y publica el veredicto), hasta el efecto que llega a alcanzar al presente la transmisión previa y mediática en el pronunciamiento del juez (entrevistas periodísticas ante el juzgado, declaraciones de los involucrados y allegados, memoria periodística de los antecedentes), intervenía un cambio de la sensibilidad pública. Pareciera caprichoso sostener, sin admitir esa transformación del registro ético colectivo, que tal transformación del proceso institucional por excelencia (el proceso jurídico) pudiera llegar a incorporarse a la propia perspectiva de los magistrados actuantes.

Asimismo la anterior conclusión cambia el plano de la problemática que inicialmente se puso a consideración, en tanto que “influencia de los medios de comunicación sobre las actuaciones judiciales”. En verdad son las actuaciones judiciales las que progresivamente pasan a incorporarse a los procedimientos públicos a través de los medios de comunicación. Sino vease no sólo la discusión entre el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y el Ministro del Interior,4 o la influencia de reportajes “sobre el terreno” o de videos de aficionados, por no hablar de las cámaras que sostendrá el propio uniforme policial5 y las que barren las zonas más sensibles de la privacidad propietaria. Ninguna condición del habitus como relación entre principios y costumbres, tal como lo entendía Husserl,6 puede transitar por una cotidianeidad tan preponderante sin concederle, al paso de los días y las horas, una parte congruente de integridad moral.


II



La misma incidencia que alcanza entre la población la motivación mediática de las costumbres, parece indicar que al día de hoy nada influye tanto, en la condición relativa a otros -es decir pública- de un individuo o de un grupo, como el señalamiento de actuaciones relativas a un patrón de conducta. Incluso porque no reviste una condición acotada institucionalmente, tal alteración puede admitir una acepción que pauta la relatividad propia a las condiciones ciudadanas: “desestabilización”, término que asciende en el uso junto con el influjo tecnológico del poder desde los años 60'. En cuanto la conducción de las instituciones se ve crecientemente instruida por la opinión pública, toda protesta llevada suficientemente lejos en recepción, se puede transformar, mutatis mutandi, en denuncia.

El paso al estado de denuncia no depende, a partir de la mera protesta, de una inscripción o lectura en términos de código jurídico, propio de la representación institucional, sino de la difusión mediática que alcance en términos masivos o interactivos -eventualmente conjugados, que puedan llegar a incidir en un segmento decisivo de destinatarios. El grado de impacto público alcanzado corresponde, tanto como cierta índole de asuntos interpelada, a una difusión mediática suficiente entre un segmento de opinión relativamente involucrado. Los procedimientos institucionales suelen presentar, bajo la forma de recursos jurídicos, reclamos, o incluso bajo forma de observaciones sobre procedimientos, numerosas protestas que no llegan nunca al grado de denuncia, por más que puedan ser fundadas y de entidad.

Sin embargo una protesta que cuestione los fundamentos de un status quo determinado, como fue el caso de la ocupación estudiantil del Codicen protestando por un presupuesto recortado puede,7 a condición de revestir la suficiente difusión pública, convertirse en amenaza de denuncia si cunde entre un contexto mayor, con relación al destino inicial de la protesta. En cuanto este gradiente de difusión mediática engrana la contundencia necesaria para activar el efecto público "criminalización de la protesta", cierta manipulación de la información se distingue de la tradicional escenificación coercitiva de la fuerza pública. Algunos rasgos permiten identificar esa manipulación de la opinión pública con fines desviantes:

a) La desproporción entre un reclamo y la respuesta punitiva que suscita

b) La judicialización de la conducta impugnadora

c) La reducción de las reivindicaciones a normas de procedimiento

d) La inversión de lugares entre víctima y victimario


III


Incluso un mero artículo de opinión puede convertirse, difusión estratégica mediante, en amenaza de denuncia que se amplifique y vuelva difusos los contornos de una conducción, concitando ecos y resonancias imprevisibles para el horizonte de una hegemonía. Un ejemplo reciente lo ofrece la difusión de la diferencia salarial entre las remuneraciones que perciben los docentes de la educación pública (primaria y secundaria) y las remuneraciones de diputados y senadores del mismo país, mediante la simple puesta en paralelo entre los más diversos estratos de la población.8 Ciertas reacciones desmedidas obedecen, entre autoridades y responsables, al pánico mediático que suscita la propia virtualidad informativa, concomitante gracias al incremento del potencial tecnológico, a una creciente orientación ética de las actuaciones periodísticas.

Sería tan erróneo suponer que toda protesta, por serlo, cuenta con razones que la autoricen, como olvidar que quienes ejercen potestades pueden, ante el fardo de una imputación incontrolable en sus efectos, ceder a la tentación de transferirla a terceros en carga represiva, bajo forma de criminalización de la protesta. Contrariamente a lo que sucede con una protesta descalificada por la propia inocuidad, la actuación desde potestades atribuidas por otros conlleva una carga de consecuencias inconmensurable, en razón de la desigualdad constitutiva que siempre interviene entre el jerarca y el común.


IV


La justa apreciación de la incidencia de la condición mediática en el desarrollo de los asuntos públicos y la sensibilidad colectiva no avanza sin remociones paradigmáticas. El desarrollo tecnológico que pauta la interacción pública al presente es medular para la propia retroalimentación de la tecnología y no es compatible con el criterio de reciprocidad orgánica que constituye la representatividad institucional. Un mundo instantáneo en la pantalla es al mismo tiempo un mundo sin límites externos.9 El margen de transformación material que regulaba una secuencia de períodos y etapas, ha dejado lugar a un no-lugar post-industrial, de interfaz y resonancia.10

En esa transformación señaladamente imaginaria de la mediación pública, al tiempo que se desarticulan los macro-corporativismos (estados, ideologías, partidos) se concita, ante los desamparos que acarrea la imposibilidad de confiar el destino individual a un horizonte histórico, la agrupación microcósmica de intereses amenazados por un intercambio global, es decir, impredecible en sus límites. Un ejemplo clásico de esa transferencia de resguardo que pasa de derecha a izquierda, o de centro a extremo, sin otro criterio que una salvaguarda particularista de inereses, lo ofrece el tránsito de la base electoral del otrora poderoso partido comunista francés, servida al nacionalismo ultraconservador de un Le Pen.

Entre el facilismo adaptativo de la derecha que celebraba “autorutas de la información” -cuando conducen vertiginosamente al precipicio mercadocrático- y la aprensión que aqueja a una izquierda ante el poder de los medios, que ha tenido históricamente por enemigos, el margen para elaborar un conducción equilibrada de la interacción es escaso. Conviene recordar que la identificación del cuerpo social con un todo articulado y puesto en perspectiva es un efecto utópico de las utopías. Puede llegar, por un defecto tan virtual como inadvertido, el despertar a la derecha de los que se creían avanzada del proceso histórico, de forma tan súbita como un efecto de pánico mediático.



1Peor” Montevideo Portal (21/06/16) http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?312033
3Leblanc, G. “Du modèle judiciaire au procès médiatiaque» (1995) Hermès 17-18, 63-72, Editions du CNRS, Paris.
4“Bonomi pide reunión a la Suprema Corte de Justicia tras duro cruce de declaraciones” Subrayado (24/03/16) http://www.subrayado.com.uy/Site/noticia/43230/bonomi-pide-reunion-a-la-suprema-corte-tras-duro-cruce-de-declaraciones
5“Ministerio del Interior compró cámaras para filmar procedimientos policiales”, El Observador (06/06/16) http://www.elobservadormas.com.uy/noticia/2016/06/06/41/ministerio-del-interior-compro-camaras-para-filmar-procedimientos-policiales_921345/
6Husserl, E. (1947) Méditations cartésiennes, Vrin, Paris, p.65.
7Ver en este blog “El Palo Amplio: la Noche de la Nostalgia pachequista” http://ricardoviscardi.blogspot.com.uy/2015/08/elpalo-amplio-la-noche-de-la-nostalgia_24.html
8Políticos eligen la salud privada” El País (20/08/15) http://www.elpais.com.uy/informacion/politicos-eligen-salud-privada.html
9Ver respecto al criterio de substitución de la infinitud externa por la infinitud interna del lenguaje, Derrida, J. “La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas” en La escritura y la diferencia, p.385 https://filosinsentido.files.wordpress.com/2013/06/derrida-jacques-la-escritura-y-la-diferencia_ocr.pdf (acceso el 26/06/16)
10McLuhan, M. Powers, B.R. (1993) La aldea global, Gedisa, Barcelona, pp.153-154.

10.6.16

El discurso sobre el Marconi desde el Marconi

1a. quincena, junio 2016



Quien suscribe titulaba el discurso de la modernización que llevaba adelante Jorge Batlle, en el año 1985 “El discurso sobre el Estado, desde el Estado”.1 Se trataba por entonces, para tal discurso sobre el Estado, de hacer pasar la incorporación del magro Uruguay que quedaba tras la dictadura, al girón del capital transnacional. Esta obra ha avanzado notablemente, entre el último cuarto del siglo pasado y lo que va del presente, como lo ejemplifica la violencia que genera la exclusión social en el barrio Marconi. Si el lector presume que la anterior afirmación forma parte de alguna catexia propagandística, se equivoca, ya que desde ahora, el propio discurso sobre el Estado lo vincula explícitamente al Marconi.

Por haber fracasado, según las declaraciones de Sanguinetti sobre la educación y el Marconi, la reforma de la educación que emprendió el mismo Sanguinetti (la “Reforma Rama”), el Estado no está lo bastante presente donde debiera (esto es en el Marconi).2 Pero además está excesivamente presente en los períodos de gobierno frenteamplista, siempre según Sanguinetti, donde no debiera (por ejemplo en ANCAP). Tales afirmaciones motivan sin embargo una presunción de supuesto ¿quién decide en qué medida y adónde va el Estado?

Derrida señala respecto a las fundaciones constitucionales (instructoras de Carta Magna), que son esencialmente violentas, ya que suponen que alguien funda una entidad soberana y con ella el depositario de tal soberanía (la monarquía, la nación, el pueblo, etc.).3 Sanguinetti nos deja en la más completa ignorancia acerca de quién decide adonde y en qué medida va el Estado, ya que si quien decide es la ciudadadanía, como tal, es el Estado como cuerpo electoral quien decide, ante sí mismo, adonde va el Estado. Pero si el Estado debiera estar en un lugar y no en otro, la entidad que decide donde y en qué medida coexiste con el Estado, no puede pertenecer al propio Estado, ya que de ser así, no gozaría de perspectiva sobre sí misma.

El título “El discurso sobre el Estado, desde el Estado” señalaba la ironía que suponía perorar desde un partido político -de sí propio parte del sistema político que comprende el Estado como tal, sobre una modernización que disminuía el Estado, esto es, que lo convertía en un Estado “minimo” neoliberal. Al vincular su Estado ubicuo con el del batllismo histórico Sanguinetti pretende avalar una falacia: que el proyecto batllista suponía una sinergia social que guiaba la del Estado, cuando ni las condiciones contextuales de aquel batllismo ni la propia ortodoxia batllista permiten sostener tal punto de vista.

Sanguinetti intenta disimular, bajo excusa de “liberalismo contra igualitarismo”, el oportunismo político con fines electorales (por cierto severamente malogrados en su caso) que toma por válidas las “pruebas Pisa”, pero desacredita los “indicadores de probreza”, pese a que esas dos referencias integran el mismo criterio de “medición por indicadores”. Desde esa óptica tecno-mundialista no debiera sorprender que respecto a la gestión frenteamplista, Sanguinetti se desmarque tan sólo por un gradiente de “más o menos Estado” en uno o en otro lugar (más en el Marconi, menos en ANCAP). Tanto la “expertecnia”4 frenteamplista como la “economía social de mercado” de Sanguinetti pertecen a un orden mundial que está por encima de los estados, pero no de Standard&Poors.

Ajeno al Estado que en verdad corresponde a la globalización, el discurso del Marconi sobre el Marconi queda por cierto fuera del Estado, que sin embargo algunos pretenden que se ocupe de lo que pasa más allá de las instituciones. Empezar por admitir que en este estado de cosas, como lo afirma Vattimo, al presente “se han terminado los soberanos”,5 quizás sea una buena vía para empezar a tener menos Estado por todos los lados y ante todo, por el Marconi.



1 Viscardi, R."El Discurso sobre el Estado desde el Estado" en ¿Hacia dónde va el Estado uruguayo? (1987) CIEDUR- Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, pp.207-250.

2Sanguinetti: “Falta Estado en el Marconi” (entrevista de G. Pereyra), El Observador, (30/05/16) http://www.elobservador.com.uy/sanguinetti-falta-estado-el-marconi-n917843

3Derrida, J. (2005) Force de loi, Galilée, Paris, p.109.

4 Viscardi, R. (2005) Guerra, en su nombre. Los medios de la guerra en la guerra de los medios, Editorial ArCiBel, Sevilla, p.69.

5Vattimo, G. “El final de la filosofía en la edad de la democracia” en Ontología del declinar (2009), Biblos, Buenos Aires, p.259.